Los Derechos Humanos en Mèxico

 Los Derechos Humanos en el México de Hoy

La reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos es potencialmente el cambio más importante en el marco jurídico mexicano en décadas (Milenio, 2015).  Por otra parte, es innegable la crisis social por la cual atraviesa el Estado mexicano, y que amenaza en convertirse en una crisis de estado. En este aspecto, los puntos neurálgicos del Estado, a mi punto de vista presentan las siguientes problemáticas y circunstancias particulares:

1). Seguridad pública y derechos humanos

Los grupos de autodefensa parecen ser una respuesta de la sociedad, ante la negligencia y abuso, pero ellos mismos ahora ponen a prueba la voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos. El desafío para el Estado mexicano, es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos. Una cuestión, es afirmar que los derechos humanos se respetan en el marco de la política de seguridad pública, y otra es asegurar que realmente hay mecanismos creíbles de rendición de cuentas capaces de detectar y mantener estos estándares, incluyendo la prevención y la sanción de cualquier abuso cometido por grupos de autodefensa. Hasta el momento, no hay evidencia de que el gobierno esté preparado para garantizar que sea así y que se ponga un alto a las prácticas relacionadas con el gobierno anterior. En otros estados, como Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, donde la violencia, la inseguridad y las violaciones a derechos humanos son una amenaza diaria para la población local, reciben poca atención de parte de las autoridades responsables o de los medios de comunicación.  Los grupos de autodefensa parecen ser una respuesta de la sociedad, ante la negligencia y abuso, pero ellos mismos ahora ponen a prueba la voluntad del Estado para cumplir con sus obligaciones en materia de seguridad y derechos humanos. El desafío para el Estado mexicano, es reconstruir el tejido social y forjar instituciones en las que pueda confiar la población y que no cometan violaciones de derechos humanos. Una cuestión, es afirmar que los derechos humanos se respetan en el marco de la política de seguridad pública, y otra es asegurar que realmente hay mecanismos creíbles de rendición de cuentas capaces de detectar y mantener estos estándares, incluyendo la prevención y la sanción de cualquier abuso cometido por grupos de autodefensa. Hasta el momento, no hay evidencia de que el gobierno esté preparado para garantizar que sea así y que se ponga un alto a las prácticas relacionadas con el gobierno anterior. En otros estados, como Veracruz, Tamaulipas, Coahuila, Chihuahua y Guerrero, donde la violencia, la inseguridad y las violaciones a derechos humanos son una amenaza diaria para la población local, reciben poca atención de parte de las autoridades responsables o de los medios de comunicación.   

2). Desapariciones, tortura y malos tratos

A cinco años, de que el gobierno hiciera pública la existencia de más de 26.000 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas durante la administración pasada, las autoridades aún deben publicar una lista depurada con los casos de aquellas personas que todavía son víctimas de privación de la libertad por parte de bandas criminales o de desapariciones forzadas en las que funcionarios públicos están implicados. La prometida base de datos, a escala nacional, de personas desaparecidas sigue sin operar. La Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Procuraduría General de la República (PGR) aún debe publicar los resultados de sus actividades o demostrar que es capaz de intervenir efectivamente en favor de los familiares de las personas desaparecidas, quienes han solicitado su ayuda dada la omisión o complicidad de otras autoridades. La nueva Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas aún debe dejar claro cómo mejorará la atención a las víctimas y cómo asegurará el respeto a sus derechos. Ha habido poco avance en la localización de víctimas de desaparición y en la rendición de cuentas por parte de los responsables. (Villanueva, 2017).

 3). Sistema de justicia penal

El sistema de justicia penal sigue siendo la fuente de muchos de los problemas de derechos humanos en México. Las detenciones arbitrarias, la fabricación de acusaciones penales y la violación del derecho al debido proceso y a un juicio justo siguen siendo rutinarias y muy pocas veces conocidas y reparadas. El arraigo, que permite la detención de los sospechosos por largos periodos para realizar investigaciones, continúa favoreciendo los abusos y socava el control judicial. Al respecto, se han ignorado en repetidas ocasiones las recomendaciones de mecanismos internacionales de derechos humanos para abolir la figura del arraigo. Se prevé que la reforma de justicia penal, iniciada en 2008, pero adoptada en sólo un puñado de estados de cara al plazo de 2018, mejorará los derechos de las víctimas y de los acusados y producirá mejores decisiones judiciales. Sin embargo, en estados que han incorporado dichas reformas, como Chihuahua, las declaraciones obtenidas bajo tortura continúan siendo admitidas, subvirtiendo las protecciones a los derechos humanos que el nuevo sistema procesal debería salvaguardar. El Código Único de Procedimientos Penales, aprobado por el Congreso para la jurisdicción penal federal y estatal, debe evitar esta situación y asegurar que la evidencia obtenida de manera ilegal, como las declaraciones extraídas bajo tortura, no será admitida como evidencia, y que se respetarán las demás garantías del debido proceso. Debe también asegurar el fin de la impunidad para los funcionarios públicos implicados en violaciones de derechos humanos.

4). Justicia Militar

Miembros del ejército y de la marina continúan estando implicados en graves violaciones de derechos humanos, como la tortura, las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas; en días pasados, en el la Ciudad de Mexico, miembros de un batallón, secuestrando empresarios y pidiendo rescate. Las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que obligan al Estado Mexicano a excluir los crímenes de derechos humanos de la jurisdicción militar, son un paso decisivo para el acceso a la justicia de víctimas y sus familiares. Amnistía Internacional recibe con agrado la reciente decisión del Senado para remover la reserva al artículo de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas que prohíbe la aplicación de la jurisdicción militar en casos de desaparición forzada. También reconoce que las autoridades militares están declinando competencias judiciales en algunos casos en favor del sistema de justicia civil.

5). Migrantes irregulares 

En 2016, las autoridades migratorias detuvieron a 82,269 migrantes y deportaron a 75,704 de ellos, la gran mayoría de Guatemala, Honduras y El Salvador. Muchas más fueron las personas que intentaron cruzar hacia los Estados Unidos. En México, muchas personas migrantes continúan sufriendo abusos a manos de la policía y otras son víctimas de secuestros, trata, abuso sexual y homicidio por parte de las bandas criminales que a menudo operan en colusión con las autoridades locales. Las reformas en materia migratoria que han fortalecido algunos derechos de los migrantes, particularmente el derecho a la protección y el acceso a la justicia, no se han implementado adecuadamente. La Estrategia Integral para Combatir el Secuestro de Migrantes no ha traído ante la justicia a las bandas criminales y a los funcionarios que acechan a las personas migrantes. Las autoridades estatales ignoran en gran medida la desesperación de los migrantes irregulares, mientras que las autoridades federales consideran cada vez más los flujos migratorios como un tema de seguridad nacional, en lugar de garantizar el respeto de los derechos humanos de los migrantes en tránsito.

6). Personas defensoras de derechos humanos y periodistas

Las personas defensoras de derechos humanos y periodistas se enfrentan a ataques, amenazas, intimidación, secuestro y ejecuciones en represalia por su legítima y valiosa labor. Aquéllos detrás de los ataques casi nunca son llevados ante la justicia. No obstante, muchos de los más de 100 defensores y periodistas en riesgo que han solicitado su protección no han recibido una respuesta oportuna y efectiva, creando frustración, inseguridad y desilusión.

A pesar de las declaraciones positivas del gobierno sobre su funcionamiento efectivo, en realidad está muy lejos de operar plenamente, pues carece de personal calificado, recursos y apoyo político de alto nivel necesarios para asegurar que las autoridades de todos los niveles implementen las medidas de protección.

La impunidad de la que disfrutan los responsables de estos ataques debido a la ineficacia en las investigaciones, la mayoría conducidas por autoridades estatales con supuestos vínculos a estas violaciones, promueve la tolerancia a estos ataques.

El Mecanismo debería ser solamente una parte de una estrategia integral para abordar la violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos. El gobierno federal no ha respondido convincentemente al clima de hostilidad que viven defensores y periodistas en varios estados.

7) Derechos humanos de las mujeres

A pesar de las medidas de apoyo a los derechos de las mujeres, la igualdad de género es una meta aún lejana. La violencia y la discriminación violan los derechos humanos de mujeres y niñas y comprometen severamente su salud y derechos sexuales y reproductivos.

La violencia de género sigue penetrando las vidas de mujeres y niñas en todo México. La impunidad de tal violencia, incluyendo el abuso sexual y el feminicidio, es generalizada. Las leyes federales y locales promulgadas desde 2016, para mejorar los procesos de investigación y prevención de la violencia son ampliamente ineficaces o no se han aplicado, dejando a las mujeres y a las niñas en un riesgo constante. Además, la evaluación y la modificación de la legislación no han ocurrido y prevalecen las deficiencias en el tratamiento efectivo de los casos. Las autoridades del Poder Ejecutivo de la Federación y de los estados han bloqueado de manera consistente los esfuerzos de las organizaciones de derechos humanos para declarar la alerta de género, un mecanismo que se ha establecido en la legislación para asegurar la intervención y coordinación a nivel federal con el fin de tomar medidas que aborden la generalización de la violencia de género en regiones específicas. Las reformas recientes a los procedimientos no consideran las dificultades que subyacen en el reconocimiento de los altos niveles de violencia de género y la adopción de acciones por parte de las autoridades. (CIDH, 2015).

 Fuentes de Información:

1). Firmas, Los Retos de México en Materia de Derechos Humanos, Milenio, 2015, consultado: 29 de Enero del 2021, disponible: http://www.milenio.com/firmas/derechos_humanos/retos-Mexico-materia-derechos-humanos_18_518528221.html

2). Villanueva, Ruth, Manual para investigar y documentaciones eficaces de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes, Protocolo de Estambul, CNDH, México, (2017:45:48),  consultado: 29 de Enero del 2021, disponible: http://www.milenio.com/firmas/derechos_humanos/retos-Mexico-materia-derechos-humanos_18_518528221.html

3). Situación de los Derechos humanos en México, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, (2015:31:226), consultado: 29 de Enero del 2021, disponible: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Mexico2016-es.pdf

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